Reabrir el canje de deuda es violar el derecho soberano del pueblo argentino
El ministro de Economía, Amado Boudou, anunció que girará al Congreso Nacional el proyecto de modificación de la denominada ley cerrojo que convalidó el canje de deuda llevado adelante a principios de 2005, por la administración del entonces Presidente Néstor Kirchner.
En ese momento, el Gobierno nacional aseguró rotundamente, con esta ley, que no existía posibilidad alguna que los tenedores de bonos, que se negaban a aceptar la propuesta oficial pudieran tener acceso a un nuevo canje de deuda. Esta posición fue sostenida como una medida soberana del Gobierno argentino. Fue defendida en distintas instancias internacionales frente al avance de los juicios iniciados por los “holdouts” y los fondos buitres, alentados por las casas matrices de los bancos, quienes tuvieron una gran cuota de co-responsabilidad en el engaño a sus clientes, algo de lo que nunca se hicieron cargo.
Cuatro años después, con la propuesta de una quita mayor, pero con la intención de pagar esa porción de deuda, que en su momento quedo en cesación de pagos por no entrar en el canje –U$S 20.000 millones en un principio, hoy más de U$S 29.000 millones gracias a los intereses acumulados-, el Gobierno anunció su reapertura y echó por tierra la supuesta bandera de soberanía financiera ganada a partir del canje y el pago de la deuda reclamada por el Fondo Monetario.
Hoy, reabrir el canje es violar el derecho soberano del pueblo argentino a sostener decisiones unilaterales en defensa de la vida y en beneficio de los derechos humanos. ¿Cómo se puede sostener una medida así y seguir diciendo que es en beneficio del pueblo? Cuando se sabe claramente que es a favor de los fondos buitres y de la banca internacional, especialmente del Citi Bank, el Barcklays y el Deutch con quienes el gobierno firmó una “Carta Mandato” para llevar adelante el canje. Al mismo tiempo, continúa la sangría de recursos de nuestro Presupuesto Nacional para el pago de una deuda ilegítima e ilegal, por encima del asignado a salud, educación o vivienda.
Esta medida debemos entenderla y analizarla dentro de la lógica que viene proponiendo el Gobierno nacional y las Instituciones Financieras Internacionales, que significa continuar tomando deuda en los mercados de crédito y endeudando al país. Pero para esto se plantea la necesidad de saldar la deuda odiosa reclamada por el Club de París, previo acuerdo y revisión de nuestra economía por parte del FMI, para lo cual también hace falta llegar a un acuerdo con los “holdouts”. Toda una cadena que vuelve a poner en evidencia que el país continua inmerso en el círculo vicioso de la deuda, que cuanto más pagamos más debemos y que es necesario romperlo de una vez por todas para efectivamente empezar a construir una soberanía financiera al servicio de los derechos del pueblo argentino y no del capital concentrado. En ese sentido, el Gobierno y el Congreso Nacional deberían avanzar en una auditoría integral y participativa de las deudas ilegítimas reclamadas, antes de seguir priorizando su pago por sobre las necesidades del país.
¡NO al pago de la deuda ilegítima! ¡Auditoría YA!
Buenos Aires, 26 de octubre de 2009
Primeras Firmas:
Diálogo 2000 – ATTAC Argentina – Espacio Ecuménico – Liga Argentina por los Derechos del Hombre – Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos – Movimiento Nacional Campesino Indígena, MNCI Vía Campesina – Programa de Incidencia sobre Deuda Externa Ilegítima, Federación Luterana Mundial - Comisión Justicia y Paz Misioneros Claretianos – Federación Judicial Argentina – Convocatoria por la Liberación Nacional y Social – Sec. Organización ATE Nacional – Periódico “El Espejo” – Movimiento por la Soberanía e Integración de los Pueblos, MoSIP – MOCASE – Autoconvocatoria América Viva, Luján – Comunidad Teológica Rajab – Pastoral Popular Iglesia Metodista, Región Metropolitana – Asamblea Justicia para Todos- Asociación Guadalupe – Servicio Paz y Justicia – Causa Olmos.
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz – Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo LF – Beverly Keene, coordinadora de Jubileo Sur – Alejandro Olmos Gaona - Hna. María Bassa – Pastor Arturo Blatezky – Rev. Ángel Furlan – Rev. Juan Pedro Schaad – María Lanusse.
Adhesiones: dialogo2000@gmail.com
martes, 27 de octubre de 2009
Canje de Deuda
ARTÍCULO EN PÁGINA 12 SOBRE LA UCEP
El país|Jueves, 22 de octubre de 2009La Defensoría del Pueblo, el CELS y la Defensoría oficial reclaman a Macri que disuelva la UCEP
“Fuerza parapolicial para reprimir”
Los tres organismos elaboraron un detallado informe sobre la actuación del grupo de choque que lleva adelante desalojos violentos e intimida a personas que viven en la calle. Exigen al gobierno una investigación y sanción a los responsables.
Por Eduardo Videla
La UCEP en acción, registrada fotográficamente al cargar las pertenencias de las víctimas.Catorce denuncias presentadas ante la Defensoría del Pueblo dan cuenta de manera categórica que la UCEP –sigla de penosa fama que corresponde a la Unidad de Control del Espacio Público– desalojó a personas de la vía pública en forma violenta, tras proferir amenazas y ataques físicos y les sustrajo sus pertenencias, que terminaron compactadas en un camión recolector de basura. Los casos de violencia contra personas indigentes fueron reunidos en un informe que presentará hoy la Defensoría junto al Centro de Estudios Legales y Sociales y la Defensoría oficial de la Justicia porteña. Allí se concluye que la UCEP actúa como “una fuerza parapolicial para amedrentar, estigmatizar, reprimir y echar de la ciudad a las personas que se encuentran en las peores condiciones de vulnerabilidad social”. La presentación concluye con un pedido al Ejecutivo porteño para que “disuelva a la brevedad” esa unidad, investigue los hechos denunciados y adopte las sanciones que correspondan. El ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo –de quien depende la UCEP– minimizó las denuncias: “Sobre 3000 acciones anuales, siete denuncias no me parecen significativas”, dijo a Página/12 (ver nota aparte).
El informe, que se dará a conocer hoy en una conferencia de prensa, analiza la normativa por la cual fue creada la UCEP, expone algunos hechos paradigmáticos de violencia cometidos por el personal del organismo; elabora un patrón de su accionar, concluye que su actuación es “clandestina e ilegal” y recomienda su disolución. “Este organismo está completamente desprestigiado: si el gobierno de la ciudad quiere hacer un trabajo en el espacio público con la gente en situación de calle, debe designar a mediadores o a trabajadores sociales y no a patovicas y barrabravas”, dijo a Página/12 la defensora del pueblo, Alicia Pierini.Para fundamentar su denuncia, las defensorías y el CELS dan a conocer cuatro casos paradigmáticos de los catorce registrados desde septiembre de 2008, a lo largo de un año:- El 30 de septiembre de 2008, C.R.G. estaba en la puerta del Teatro Colón, cuando, entre la 0 y las 2 de la madrugada llegó una camioneta con el logo de la Ciudad y seis personas a bordo y un camión compactador: “Uno de los hombre se adelanta y le pega una patada en la rodilla al declarante diciéndole ‘qué te pasa’. Luego le pega en la cabeza con una botella de plástico vacía, le quitan las frazadas y lo amenazaron diciendo que no querían que estén ahí”.- El 2 de octubre de 2008, G.D.P., quien se desempeña como cartonero, relató que ese día, a las 2 de la madrugada, en Lima e Independencia, un grupo de 13 personas le sacaron los carros con los que habían recolectado y también su documentación, todo lo cual fue destruido en el camión compactador.- El 9 de octubre de 2008, el párroco de la iglesia del Inmaculada Corazón de María relató que dos días antes fue testigo de un episodio en que una persona de 66 años, identificada como A.C.C. que estaba viviendo bajo la autopista 9 de Julio, fue agredido por unas veinte personas vestidas de negro. “Le dieron un puñetazo en el estómago y lo amenazaban con cortarle el cuello si no abandonaba el lugar”, relató el sacerdote.- El 2 de octubre de este año, un grupo de personas denunció el accionar de la UCEP en Pasco y Autopista, en el barrio de San Cristóbal; entre ellas estaba C., una mujer embarazada quien relató: “Uno que llevaba gorrita empezó a pegarme patadas y trompadas; me golpeé la cara contra el piso y luego me empezaron a manosear. Me decían: ‘Te sentís mal, te vamos a hacer un tacto’.” La escena fue observada por un testigo, que llamó a la policía. El agente que intervino identificó a los agresores.Los catorce casos denunciados ante la Defensoría fueron incorporados a la denuncia penal presentada por la legisladora porteña Liliana Parada. La causa tramita en el juzgado de Instrucción a cargo de Ricardo Warley, fiscalía de Marcelo Roma. “La denuncia penal es por amenazas, lesiones, robo e incumplimiento de las funciones de los deberes de funcionario público. Lamentablemente, la causa no ha avanzado”, dijo a este diario el abogado Ricardo Dios, jefe de seguridad urbana de la Defensoría.Actuación clandestina
El informe de las defensorías y el CELS elaboró, a partir de las denuncias recibidas, el patrón de actuación de la UCEP:- Actúa en todos los casos en una franja horaria que va desde las 23 hasta las 3 de la madrugada.- Opera sustrayendo las pertenencias de las personas (en algunos casos, familias) que se encuentran en situación de calle, desplazándolas de su lugar de reposo.- Trabajan en grupos de diez personas o más, que amenazan, coaccionan y en algunos casos lesionan a las víctimas para lograr su objetivo.- En ningún caso existen decisiones administrativas o judiciales que justifiquen los operativos para liberar los espacios públicos donde pernoctan las víctimas de estos procedimientos.- El personal de la UCEP se moviliza en vehículos sin identificación, acompañados por camiones de recolección de residuos pertenecientes a la empresa Panizza, rentados por el ministerio en noviembre de 2008.- En muchos casos se les sustraen a las personas objetos de trabajo, como los carritos de los cartoneros. Otras veces les sacan colchones, frazadas, otras prendas de vestir y hasta documentación personal.Pese a que la que la UCEP se caracteriza por actuar en forma clandestina, una de las víctimas logró identificar a cuatro de las personas que las desalojaron, a través de fotografías. Una de ellas le dijo a los policías presentes “Quedate tranquilo que le voy a decir al Tano”. El mentado sería el líder de la UCEP, identificado como Luis Savoiardo, según publicó Página/12 el 12 de abril de este año. Pese a todas estas evidencias, el ministro Piccardo insiste en negar los hechos y no ha obtenido resultados positivos en los sumarios que dice haber iniciado para esclarecer esos hechos.El informe revela además que la UCEP “se ha valido en numerosas oportunidades de la custodia y protección de la Policía Federal”, lo cual “incrementa el carácter intimidatorio y no persuasivo de su accionar”.Una curiosa explicación dio en febrero de este año, ante la legislatura, el entonces jefe de Gabinete de Piccardo, Fabián Rodríguez Simón, dijo que la función de la UCEP es “explicar a aquellas personas que están ocupando indebidamente el espacio público que la conducta en la que incurren implica una contradicción o falta e informarles qué sanciones podría aplicarle la autoridad con poder de policía”. Con esta frase, Rodríguez Simón admite que la UCEP no tiene poder de policía, pero califica los hechos en los que interviene como “faltas o contravenciones”, ante las cuales debería actuar un fiscal.El informe sostiene que “la contratación de personal y la ausencia de debidos controles resulta un mero ardid para habilitar la concreción de acciones violatorias a los derechos humanos sobre la población más vulnerable”. Y concluye en que el accionar de la UCEP es ilegal porque la Constitución y las leyes “prohíben el accionar represivo del Estado de manera clandestina, sin justificación legal y sin el debido proceso previo”. Por esa razón, sostiene, se “hace imperiosa y urgente su desarticulación y disolución”.En la conferencia de prensa que se llevará a cabo hoy a las 16 en la sede de la Defensoría del Pueblo, se pedirá además al Ejecutivo que se “promuevan las investigaciones de los hechos a fin de que se apliquen, de corresponder, las pertinentes sanciones administrativas y penales, tanto a los integrantes de la UCEP como a los responsables de la unidad”.Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.
BASURA
Han pasado más de 25 años desde que llegamos al Estado de Derecho, en ese camino los Organismos de Derechos Humanos y Movimientos Sociales tuvieron un importante lugar en la defensa de la dignidad humana y la liberación de la opresión militar, sin embargo en la Ciudad de Buenos Aires aún operan grupos a quienes se les ha dado la tarea, violenta y prepotente, de limpiar la ciudad de personas pobres en situación de calle.
Nuevamente la Unidad de Control de Espacios Públicos atacó a un grupo de personas en esa situación ubicadas debajo de la Autopista sobre calle Pasco en San Cristóbal. Quien más sufrió la represión fue Carla Baptista golpeada impunemente sin respetar su condición de mujer y menos aún estando embarazada. Le quisieron robar sus pertenencias para tirarlas a un camión de basura pero ella las defendió a gritos, en esos gritos clamaba respeto por su persona y sus cosas.
No es la primera vez que esto sucede ante la mirada indiferente y cómplice de un gobierno que fue elegido democráticamente y que hoy desconoce la dignidad de cientos de personas consideradas como basura por el solo hecho de ser pobres. Un funcionario de esa Unidad dijo “Lo que se hizo fue limpiar el lugar” y, de paso, culpa a los vecinos que reclaman una solución.
La solución es el maltrato? Las trompadas? El robo de sus pertenencias? La destrucción de sus documentos? ¿No es acaso esa la “solución” que utilizo el General Busi en Tucumán durante la dictadura, ¿no es esa la “solución” de la Alemania Nazi en años del genocidio ?
Contra esa solución se han levantado voces y reclamos de organismos defensores de la vida y la dignidad. ¿No tiene el gobierno de la ciudad funcionarios que deben cuidar la dignidad de toda persona? en esta situación, ¿para qué sirven ?
Yo quiero unir mi grito diciendo que es una ofensa al Estado de Derecho por el cual tanto se ha luchado, la existencia de la UCEP que viene operando impunemente. A ningún gobierno le asiste el derecho de haber creado semejante herramienta de maltrato que sistemáticamente viene violando de los derechos humanos de los pobres. ¿Ser pobre es un delito que se debe castigar de esta forma? Siento vergüenza ajena por la forma como la UCEP considera basura a quienes merecen la misma dignidad que todo ser humano. Repudio esta forma de practicar limpieza, la limpieza que debe ser es de la prepotencia, violencia, maltrato e impunidad de quienes han hecho de los pobres objetos que deben ser desechados.
Aldo M. Etchegoyen
Obispo (E ) Iglesia Evangélica Metodista
Co-Presidente de la APDH
Buenos Aires, 7/10/09