No más menores marginales.

Por Adolfo Pedroza.
Rosario. Santa Fe.

“El Senado Nacional aprobó el proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil, por lo cual el Estado se hará cargo de los chicos que están en marginalidad y exclusión como forma de premiar a aquellos que optan por la educación y punir a aquellos que deciden actuar al margen de la ley...” leyó el Rolo con la vista clavada el diario del bar.

Luego, con una carcajada exclamó “Por fin el Estado se decide a proteger a los chicos” y ya la ironía se borró de su cara mutando a una cara de entrecejo fruncido.

El Rolo, que es dirigente metalúrgico sindical de base y tiene la fama de ser un tipo jugado y honesto, quiso expresar su tristeza frente al ya casi legalizado castigo de los menores de 14 y 15 años que antes estaban exentos, cuando Marta, una incansable trabajadora social en un comedor comunitario, se incorporó como un resorte, pateó la mesa y con lágrimas en los ojos dijo: “Chau fachos” y se fue.

Por un corto y pesado tiempo el silencio se estacionó sobre la mesa y los cinco que seguían allí sólo expresaban monosílabos difícil de unir. El Rolo quiso salir a buscar a Marta, pero Roque le dijo: “Dejála, cada uno muestra su dolor como puede. No es con vos la cosa”.

El tema estaba descarnadamente instalado en aquella mesa de amigos y militantes, con toda una historia de largas discusiones en ese mismo lugar “cargado de historias”.

La flaca Emilia, visitadora social en un barrio ilegal que se asentó en un pozo y amaga con no salir más de allí, varias veces había tenido que ir a buscar chicos a la policía que casi siempre le decía: “Nosotros no los tenemos”

El chueco, dueño del barcito que sobrevive como puede y que se banca las cargadas de los amigos que le dicen: “El delivery de pizza no es delivery... si no te lo lleva el Chueco”, es un sufrido testigo entre “el barrio de aquellos” y el otro donde “vive la gente”

Estaba el Roque, rebautizado como Shrek por sus orejas y timbre de voz; era el que pensaba y meditaba para luego expresarse con voz ronca y decir profundo. Julio, nacido y criado cuando el barrio era uno solo, ha hecho de todo en su vida... y pasó “casi por todas” y ahora sufre el ser un desocupado cargado de experiencia.

El Pibe, de edad y nombre desconocido, es siempre el primero en llegar cuando decide descansar de remisero y eterno estudiante que no ceja en su sueño de ser periodista... “otro tipo de periodista” como le gusta decir a él.

Justamente el Pibe rompió el hielo instalado desde la ida de Marta y expresó que ni los milicos del `76 se atrevieron a tanto y que esta democracia –por la que va a seguir luchando- nos castiga a todos al criminalizar a los chicos.

La flaca trató de explicar como el Estado “institucionaliza” de esta manera a los chicos de 14 y 15 años para enviarlos a un sistema represivo y carcelario del que no hay retorno. Su voz se quebraba al decir las edades porque seguramente pasaban por su cabeza imágenes concretas de chicos marginados del sistema.
Roque ironizaba diciendo que se podía ver como un beneficio que ahora la escuela no tendría que echar más chicos de su sistema, ya que la policía le ahorraría el largo trámite de papeleríos y sumarios. El Estado, ese que debiera ser protector de las personas, se lava las manos y con una ley le pasa el problema a uno de los poderes que lo constituyen.

El Chueco cree que esta es una sociedad hipócrita al castigar a los chicos que ella misma ha permitido en forma cómplice que estuvieran marginados.

El Rolo lamenta que atrás de todo esto no haya ninguna intención de atacar las reales causas por las cuales los chicos toman el camino de la delincuencia en forma violenta. Lo entristece que haya gente que aún pueda pensar que este es el camino más fácil para los marginados y excluidos...

El intercambio de opiniones, pareceres y sentires continúa. Casi parece increíble que la rebelión y presión de muchos y muchas lograron que los militares, en 1976, no impusieran la norma de tratar como criminales a los menores de 16 años y, sin embargo, hoy se legalice esta criminalización de la pobreza envíando a los pibes a la cárcel casi hasta con el agrado de la sociedad.

Tampoco hay que engañarse con aquello de que el sistema es “más benigno que el aplicado a los mayores”. La cárcel es cárcel y los famosos institutos de rehabilitación son cárceles para los más chicos... pero cárceles al fin.

Desde una mesa de un bar se puede ver la realidad ensimismado en un diario abierto en la página de espectáculos, allí donde los divos y divas piden mano dura, tolerancia cero y pena de muerte. Justamente allí está una de las claves, seguir viendo la realidad o participar de ella.

¿Podremos salir de atrás del diario? Los pibes marginados y excluidos necesitan que se levanten las voces para exigir soluciones y no podemos sentarnos a la mesa de un bar y escondernos en un diario.+ (PE)
Prensa Ecuménica

Canje de Deuda

Reabrir el canje de deuda es violar el derecho soberano del pueblo argentino

El ministro de Economía, Amado Boudou, anunció que girará al Congreso Nacional el proyecto de modificación de la denominada ley cerrojo que convalidó el canje de deuda llevado adelante a principios de 2005, por la administración del entonces Presidente Néstor Kirchner.

En ese momento, el Gobierno nacional aseguró rotundamente, con esta ley, que no existía posibilidad alguna que los tenedores de bonos, que se negaban a aceptar la propuesta oficial pudieran tener acceso a un nuevo canje de deuda. Esta posición fue sostenida como una medida soberana del Gobierno argentino. Fue defendida en distintas instancias internacionales frente al avance de los juicios iniciados por los “holdouts” y los fondos buitres, alentados por las casas matrices de los bancos, quienes tuvieron una gran cuota de co-responsabilidad en el engaño a sus clientes, algo de lo que nunca se hicieron cargo.

Cuatro años después, con la propuesta de una quita mayor, pero con la intención de pagar esa porción de deuda, que en su momento quedo en cesación de pagos por no entrar en el canje –U$S 20.000 millones en un principio, hoy más de U$S 29.000 millones gracias a los intereses acumulados-, el Gobierno anunció su reapertura y echó por tierra la supuesta bandera de soberanía financiera ganada a partir del canje y el pago de la deuda reclamada por el Fondo Monetario.

Hoy, reabrir el canje es violar el derecho soberano del pueblo argentino a sostener decisiones unilaterales en defensa de la vida y en beneficio de los derechos humanos. ¿Cómo se puede sostener una medida así y seguir diciendo que es en beneficio del pueblo? Cuando se sabe claramente que es a favor de los fondos buitres y de la banca internacional, especialmente del Citi Bank, el Barcklays y el Deutch con quienes el gobierno firmó una “Carta Mandato” para llevar adelante el canje. Al mismo tiempo, continúa la sangría de recursos de nuestro Presupuesto Nacional para el pago de una deuda ilegítima e ilegal, por encima del asignado a salud, educación o vivienda.

Esta medida debemos entenderla y analizarla dentro de la lógica que viene proponiendo el Gobierno nacional y las Instituciones Financieras Internacionales, que significa continuar tomando deuda en los mercados de crédito y endeudando al país. Pero para esto se plantea la necesidad de saldar la deuda odiosa reclamada por el Club de París, previo acuerdo y revisión de nuestra economía por parte del FMI, para lo cual también hace falta llegar a un acuerdo con los “holdouts”. Toda una cadena que vuelve a poner en evidencia que el país continua inmerso en el círculo vicioso de la deuda, que cuanto más pagamos más debemos y que es necesario romperlo de una vez por todas para efectivamente empezar a construir una soberanía financiera al servicio de los derechos del pueblo argentino y no del capital concentrado. En ese sentido, el Gobierno y el Congreso Nacional deberían avanzar en una auditoría integral y participativa de las deudas ilegítimas reclamadas, antes de seguir priorizando su pago por sobre las necesidades del país.

¡NO al pago de la deuda ilegítima! ¡Auditoría YA!


Buenos Aires, 26 de octubre de 2009

Primeras Firmas:

Diálogo 2000 – ATTAC Argentina – Espacio Ecuménico – Liga Argentina por los Derechos del Hombre – Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos – Movimiento Nacional Campesino Indígena, MNCI Vía Campesina – Programa de Incidencia sobre Deuda Externa Ilegítima, Federación Luterana Mundial - Comisión Justicia y Paz Misioneros Claretianos – Federación Judicial Argentina – Convocatoria por la Liberación Nacional y Social – Sec. Organización ATE Nacional – Periódico “El Espejo” – Movimiento por la Soberanía e Integración de los Pueblos, MoSIP – MOCASE – Autoconvocatoria América Viva, Luján – Comunidad Teológica Rajab – Pastoral Popular Iglesia Metodista, Región Metropolitana – Asamblea Justicia para Todos- Asociación Guadalupe – Servicio Paz y Justicia – Causa Olmos.

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz – Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo LF – Beverly Keene, coordinadora de Jubileo Sur – Alejandro Olmos Gaona - Hna. María Bassa – Pastor Arturo Blatezky – Rev. Ángel Furlan – Rev. Juan Pedro Schaad – María Lanusse.

Adhesiones: dialogo2000@gmail.com

ARTÍCULO EN PÁGINA 12 SOBRE LA UCEP

El país|Jueves, 22 de octubre de 2009

La Defensoría del Pueblo, el CELS y la Defensoría oficial reclaman a Macri que disuelva la UCEP

“Fuerza parapolicial para reprimir”

Los tres organismos elaboraron un detallado informe sobre la actuación del grupo de choque que lleva adelante desalojos violentos e intimida a personas que viven en la calle. Exigen al gobierno una investigación y sanción a los responsables.

Por Eduardo Videla

La UCEP en acción, registrada fotográficamente al cargar las pertenencias de las víctimas.

Catorce denuncias presentadas ante la Defensoría del Pueblo dan cuenta de manera categórica que la UCEP –sigla de penosa fama que corresponde a la Unidad de Control del Espacio Público– desalojó a personas de la vía pública en forma violenta, tras proferir amenazas y ataques físicos y les sustrajo sus pertenencias, que terminaron compactadas en un camión recolector de basura. Los casos de violencia contra personas indigentes fueron reunidos en un informe que presentará hoy la Defensoría junto al Centro de Estudios Legales y Sociales y la Defensoría oficial de la Justicia porteña. Allí se concluye que la UCEP actúa como “una fuerza parapolicial para amedrentar, estigmatizar, reprimir y echar de la ciudad a las personas que se encuentran en las peores condiciones de vulnerabilidad social”. La presentación concluye con un pedido al Ejecutivo porteño para que “disuelva a la brevedad” esa unidad, investigue los hechos denunciados y adopte las sanciones que correspondan. El ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo –de quien depende la UCEP– minimizó las denuncias: “Sobre 3000 acciones anuales, siete denuncias no me parecen significativas”, dijo a Página/12 (ver nota aparte).

El informe, que se dará a conocer hoy en una conferencia de prensa, analiza la normativa por la cual fue creada la UCEP, expone algunos hechos paradigmáticos de violencia cometidos por el personal del organismo; elabora un patrón de su accionar, concluye que su actuación es “clandestina e ilegal” y recomienda su disolución. “Este organismo está completamente desprestigiado: si el gobierno de la ciudad quiere hacer un trabajo en el espacio público con la gente en situación de calle, debe designar a mediadores o a trabajadores sociales y no a patovicas y barrabravas”, dijo a Página/12 la defensora del pueblo, Alicia Pierini.

Para fundamentar su denuncia, las defensorías y el CELS dan a conocer cuatro casos paradigmáticos de los catorce registrados desde septiembre de 2008, a lo largo de un año:

- El 30 de septiembre de 2008, C.R.G. estaba en la puerta del Teatro Colón, cuando, entre la 0 y las 2 de la madrugada llegó una camioneta con el logo de la Ciudad y seis personas a bordo y un camión compactador: “Uno de los hombre se adelanta y le pega una patada en la rodilla al declarante diciéndole ‘qué te pasa’. Luego le pega en la cabeza con una botella de plástico vacía, le quitan las frazadas y lo amenazaron diciendo que no querían que estén ahí”.

- El 2 de octubre de 2008, G.D.P., quien se desempeña como cartonero, relató que ese día, a las 2 de la madrugada, en Lima e Independencia, un grupo de 13 personas le sacaron los carros con los que habían recolectado y también su documentación, todo lo cual fue destruido en el camión compactador.

- El 9 de octubre de 2008, el párroco de la iglesia del Inmaculada Corazón de María relató que dos días antes fue testigo de un episodio en que una persona de 66 años, identificada como A.C.C. que estaba viviendo bajo la autopista 9 de Julio, fue agredido por unas veinte personas vestidas de negro. “Le dieron un puñetazo en el estómago y lo amenazaban con cortarle el cuello si no abandonaba el lugar”, relató el sacerdote.

- El 2 de octubre de este año, un grupo de personas denunció el accionar de la UCEP en Pasco y Autopista, en el barrio de San Cristóbal; entre ellas estaba C., una mujer embarazada quien relató: “Uno que llevaba gorrita empezó a pegarme patadas y trompadas; me golpeé la cara contra el piso y luego me empezaron a manosear. Me decían: ‘Te sentís mal, te vamos a hacer un tacto’.” La escena fue observada por un testigo, que llamó a la policía. El agente que intervino identificó a los agresores.

Los catorce casos denunciados ante la Defensoría fueron incorporados a la denuncia penal presentada por la legisladora porteña Liliana Parada. La causa tramita en el juzgado de Instrucción a cargo de Ricardo Warley, fiscalía de Marcelo Roma. “La denuncia penal es por amenazas, lesiones, robo e incumplimiento de las funciones de los deberes de funcionario público. Lamentablemente, la causa no ha avanzado”, dijo a este diario el abogado Ricardo Dios, jefe de seguridad urbana de la Defensoría.

Actuación clandestina

El informe de las defensorías y el CELS elaboró, a partir de las denuncias recibidas, el patrón de actuación de la UCEP:

- Actúa en todos los casos en una franja horaria que va desde las 23 hasta las 3 de la madrugada.

- Opera sustrayendo las pertenencias de las personas (en algunos casos, familias) que se encuentran en situación de calle, desplazándolas de su lugar de reposo.

- Trabajan en grupos de diez personas o más, que amenazan, coaccionan y en algunos casos lesionan a las víctimas para lograr su objetivo.

- En ningún caso existen decisiones administrativas o judiciales que justifiquen los operativos para liberar los espacios públicos donde pernoctan las víctimas de estos procedimientos.

- El personal de la UCEP se moviliza en vehículos sin identificación, acompañados por camiones de recolección de residuos pertenecientes a la empresa Panizza, rentados por el ministerio en noviembre de 2008.

- En muchos casos se les sustraen a las personas objetos de trabajo, como los carritos de los cartoneros. Otras veces les sacan colchones, frazadas, otras prendas de vestir y hasta documentación personal.

Pese a que la que la UCEP se caracteriza por actuar en forma clandestina, una de las víctimas logró identificar a cuatro de las personas que las desalojaron, a través de fotografías. Una de ellas le dijo a los policías presentes “Quedate tranquilo que le voy a decir al Tano”. El mentado sería el líder de la UCEP, identificado como Luis Savoiardo, según publicó Página/12 el 12 de abril de este año. Pese a todas estas evidencias, el ministro Piccardo insiste en negar los hechos y no ha obtenido resultados positivos en los sumarios que dice haber iniciado para esclarecer esos hechos.

El informe revela además que la UCEP “se ha valido en numerosas oportunidades de la custodia y protección de la Policía Federal”, lo cual “incrementa el carácter intimidatorio y no persuasivo de su accionar”.

Una curiosa explicación dio en febrero de este año, ante la legislatura, el entonces jefe de Gabinete de Piccardo, Fabián Rodríguez Simón, dijo que la función de la UCEP es “explicar a aquellas personas que están ocupando indebidamente el espacio público que la conducta en la que incurren implica una contradicción o falta e informarles qué sanciones podría aplicarle la autoridad con poder de policía”. Con esta frase, Rodríguez Simón admite que la UCEP no tiene poder de policía, pero califica los hechos en los que interviene como “faltas o contravenciones”, ante las cuales debería actuar un fiscal.

El informe sostiene que “la contratación de personal y la ausencia de debidos controles resulta un mero ardid para habilitar la concreción de acciones violatorias a los derechos humanos sobre la población más vulnerable”. Y concluye en que el accionar de la UCEP es ilegal porque la Constitución y las leyes “prohíben el accionar represivo del Estado de manera clandestina, sin justificación legal y sin el debido proceso previo”. Por esa razón, sostiene, se “hace imperiosa y urgente su desarticulación y disolución”.

En la conferencia de prensa que se llevará a cabo hoy a las 16 en la sede de la Defensoría del Pueblo, se pedirá además al Ejecutivo que se “promuevan las investigaciones de los hechos a fin de que se apliquen, de corresponder, las pertinentes sanciones administrativas y penales, tanto a los integrantes de la UCEP como a los responsables de la unidad”.

Link a la nota:
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BASURA

Han pasado más de 25 años desde que llegamos al Estado de Derecho, en ese camino los Organismos de Derechos Humanos y Movimientos Sociales tuvieron un importante lugar en la defensa de la dignidad humana y la liberación de la opresión militar, sin embargo en la Ciudad de Buenos Aires aún operan grupos a quienes se les ha dado la tarea, violenta y prepotente, de limpiar la ciudad de personas pobres en situación de calle.

Nuevamente la Unidad de Control de Espacios Públicos atacó a un grupo de personas en esa situación ubicadas debajo de la Autopista sobre calle Pasco en San Cristóbal. Quien más sufrió la represión fue Carla Baptista golpeada impunemente sin respetar su condición de mujer y menos aún estando embarazada. Le quisieron robar sus pertenencias para tirarlas a un camión de basura pero ella las defendió a gritos, en esos gritos clamaba respeto por su persona y sus cosas.

No es la primera vez que esto sucede ante la mirada indiferente y cómplice de un gobierno que fue elegido democráticamente y que hoy desconoce la dignidad de cientos de personas consideradas como basura por el solo hecho de ser pobres. Un funcionario de esa Unidad dijo “Lo que se hizo fue limpiar el lugar” y, de paso, culpa a los vecinos que reclaman una solución.

La solución es el maltrato? Las trompadas? El robo de sus pertenencias? La destrucción de sus documentos? ¿No es acaso esa la “solución” que utilizo el General Busi en Tucumán durante la dictadura, ¿no es esa la “solución” de la Alemania Nazi en años del genocidio ?

Contra esa solución se han levantado voces y reclamos de organismos defensores de la vida y la dignidad. ¿No tiene el gobierno de la ciudad funcionarios que deben cuidar la dignidad de toda persona? en esta situación, ¿para qué sirven ?

Yo quiero unir mi grito diciendo que es una ofensa al Estado de Derecho por el cual tanto se ha luchado, la existencia de la UCEP que viene operando impunemente. A ningún gobierno le asiste el derecho de haber creado semejante herramienta de maltrato que sistemáticamente viene violando de los derechos humanos de los pobres. ¿Ser pobre es un delito que se debe castigar de esta forma? Siento vergüenza ajena por la forma como la UCEP considera basura a quienes merecen la misma dignidad que todo ser humano. Repudio esta forma de practicar limpieza, la limpieza que debe ser es de la prepotencia, violencia, maltrato e impunidad de quienes han hecho de los pobres objetos que deben ser desechados.

Aldo M. Etchegoyen

Obispo (E ) Iglesia Evangélica Metodista

Co-Presidente de la APDH

Buenos Aires, 7/10/09

EL ESCÁNDALO DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Documento del Espacio Multisectorial por una Ciudad para TODOS

Hoy, que la cuestión de la pobreza y la exclusión social está en boca de todos, que cínicamente parece preocupar a los sectores poderosos, al establishment, paradójicamente parece haber sensibilizado justamente a los pocos que se han beneficiado y enriquecido con las políticas neoliberales de los `90 que han empobrecido y excluido a millones de argentinos. Hoy, en el contexto de este debate mediático, más bien oportunista, nosotros, organizaciones sociales, políticas, centros culturales, centros comunitarios, frentes sectoriales, centros de estudiantes, referentes de villas y cooperativas, conformamos el Espacio Multisectorial por una Ciudad para TODOS para denunciar la pobreza y la exclusión en la Ciudad de Bs. AS, fortaleciendo y unificando las diversas luchas de los distintos sectores afectados por las políticas antipopulares y neoliberales de este Gobierno de la Ciudad.

Nos convoca la denuncia de la situación de pobreza urgente en la que hoy viven los sectores más humildes de la Ciudad de Bs. As. que sufren día a día el cada vez más notorio abandono estatal del Gobierno de la Ciudad, el vaciamiento presupuestario de las políticas sociales, la discriminación y la violencia de sus políticas de expulsión y exclusión de los más pobres, el deterioro constante de las instituciones públicas de salud y educación, el achicamiento del Estado, la privatización de funciones públicas, la mercantilización de la política pública a través de las Corporaciones. En fin, nos convoca la situación cada vez más grave y urgente de aquellos sectores cuyas condiciones de vida empeoran como consecuencia de las políticas de un gobierno que planifica y construye una Ciudad elitista, exclusiva, donde los más pobres son tratados como intrusos y no como ciudadanos con igualdad de derechos.

Por eso le exigimos al Gobierno de la Ciudad políticas públicas inclusivas que atiendan y den respuesta a las situaciones de pobreza, en lugar de profundizar la exclusión y la marginalidad.


Actualmente, el sistema educativo público de la Ciudad de Bs. As. se encuentra en constante y acelerado deterioro. El Gobierno de la Ciudad traspasa recursos del sector público al privado, castigando a los más humildes con una oferta educativa diferenciada y perjudicial que mantiene a los niños y niñas más pobres en un circuito estructural de inferior calidad educativa. En la misma tendencia, la asignación de los bienes y recursos educativos también se realiza de manera gravemente desigual entre las escuelas públicas del sur y del norte de la Ciudad, profundizando las desigualdades sociales.

Para garantizar el acceso de todos a una Educación de Calidad exigimos con urgencia:
· Se revierta el inadmisible traspaso de recursos del sector público al privado en el presupuesto de la ciudad.
· Se revierta el drástico recorte de las becas a estudiantes secundarios
· Se construyan edificios escolares garantizando la escolarización adecuada de todos los niños y niñas que hoy están quedando fuera del sistema por falta de vacantes en jardines maternales y primarias públicas.
· Se invierta en la mejora de las condiciones edilicias de las escuelas públicas, de modo que se revierta el deterioro edilicio (falta de calefacción y a veces de luz, baños rotos, sin puertas) y las mismas sean propicias para la seguridad y comodidad de los niños y niñas.
· Se facilite el transporte escolar para llevar a los chicos y chicas que deben concurrir a colegios alejados de sus barrios.
· Se optimice la calidad y se amplíe la cantidad de las viandas escolares, que han sido reducidas.

Tomando como concepto general que la salud posibilita el desarrollo integral del ser humano, consideramos fundamental el pleno acceso a un medioambiente sano y a una atención sanitaria gratuita, de calidad y accesible. Lamentablemente, comprobamos cotidianamente que los sectores más humildes de la Ciudad se encuentran sumamente postergados en el cumplimiento de estos derechos. Por eso llamamos a profundizar la lucha por la recuperación del Derecho a la Salud de todos y todas y exigimos:

§ Se construyan más hospitales públicos.
§ Se asignen más profesionales a los centros y salitas de salud.
§ Se amplíen las jornadas de atención al público de los centros y salitas de salud, evitando las inusitadas horas de espera de los pacientes.
§ Se provean los insumos necesarios para una atención de calidad.
§ Se diseñen políticas integrales que aborden y asistan la problemática de las adicciones.
§ Se disponga de camas en los Hospitales Públicos para la desintoxicación de las personas que sufren adicciones.
§ Se suspenda la tercerización de la asistencia a la salud.
§ Se implementen de manera urgente políticas de saneamiento de agua y suelo y adecuada recolección de residuos en zonas de alta contaminación, principalmente en las villas de la Ciudad.

Hoy en la Ciudad de Buenos Aires, alrededor de 500 mil personas se encuentran en situación de emergencia habitacional (situación de calle, villas, casas tomadas, conventillos, hoteles) por la falta absoluta de políticas de regulación del suelo urbano, de apoyo a cooperativas de vivienda, de construcción de viviendas sociales, de créditos accesibles y de regularización de las tierras de las villas, entre otras. Para revertir esta gravísima situación y garantizar el acceso de todos a una Vivienda Digna y Definitiva exigimos con urgencia:

§ Inmediata suspensión de desalojos de inmuebles del Estado y vigencia de la Ley de Emergencia Habitacional
§ Inmediata suspensión de las prácticas de desalojos violentos y cierre total de la Unidad de Control de Espacios Públicos.
§ Se Implementen Programas de Alquiler Social.
§ Se implementen políticas de regulación del suelo urbano y de acceso de vivienda para familias en situación de emergencia habitacional.
§ Se realice una Inmediata Restitución del Presupuesto 2009 aprobado por la Legislatura a fines del año 2008 para los programas del Instituto de la Vivienda.
§ Se conforme una mesa de trabajo con los organismos estatales competentes en políticas de vivienda y hábitat y las organizaciones que defienden el derecho a una vivienda digna.

Respecto a la situación de las familias que habitan en Hoteles:
§ Se acate inmediatamente la Resolución N° 2460/09 emitida por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Bs. As que resuelve:
a) Suspender la aplicación del decreto N° 574/09 en lo referente al cese de la actividad “Modalidad de Alojamiento Transitorio en hoteles” y a toda otra disposición regresiva.
b) Instrumentar alternativas de salida definitiva que se adecuen a la situación de los beneficiarios del programa Apoyo Habitacional, que les permitan acceder a una vivienda digna.
c) Mantener la prestación correspondiente a la vivienda transitoria de estos beneficiarios hasta tanto se cumplimente lo dispuesto en el punto b) de la presente.
§ Se realice un censo para actualizar la composición familiar de los titulares del programa de alojamiento en hoteles.
§ Se reviertan las prácticas injustas por las cuales a algunas familias se les asignan habitaciones donde se pagan por más integrantes de los que son para que tengan un mayor espacio mientras otros sufren graves situaciones de hacinamiento (Caso habitación 1 del Hotel Abril).

Respecto a la situación de familias habitantes de Villas:
§ Se retire el Proyecto de Reforma de la Ley 1251 (Expediente Nº 16.197/2008), del tratamiento legislativo que fragmenta y desguaza las políticas referidas a villas de la Ciudad.
§ Se disponga la inmediata Radicación y Urbanización de villas y asentamientos a través de la implementación de políticas integrales y participativas donde se articulen funcionarios responsables del IVC, representantes de las villas y profesionales de diversas facultades, que planifiquen procesos de regularización dominial y loteo de las tierras, la regularización de los servicios públicos, y que garantice una solución habitacional digna para todas las familias en situación de hacinamiento.
§ Se realicen nuevos y completos censos de los habitantes de las villas, para que puedan implementarse políticas públicas habitacionales acordes con la situación real y actual.

Respecto a la situación de las familias organizadas en cooperativas de vivienda:
§ Se disponga la absoluta vigencia y aplicación de la Ley 341: continuación inmediata de las obras; iniciación de las mismas en cooperativas con predios propios; acceso al suelo de las cooperativas y asociaciones civiles conformadas; inmediata apertura del registro de inscripción.

Respecto a la situación de las familias habitantes de la traza de la ex Autopista 3:
§ Se cumpla con la ley 324 y con las soluciones de vivienda definitiva para todos los habitantes de la traza.
§ Se legisle sobre la construcción de vivienda social en el sector 5 de la traza.
§ Se escuche y convoque a los vecinos habitantes de la traza a las reuniones de planeamiento en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.


La actual política cultural en ciudad es de vaciamiento, reducción del
presupuesto, agresión a centros culturales independientes y una fuerte lógica mercantilista y privatizadora de la cultura. Ha entrado en conflicto con mas de 17 espacios culturales porteños, desalojado, no renovado contratos, dejando sin trabajo o con menos horas a profesores de centros culturales populares, ha desmantelado espacios históricos en nuestra ciudad, no ha dado soluciones edilicias a los problemas de muchos centros culturales oficiales, ha pagado espectáculos extranjeros y no paga sueldos de los distintos trabajadores culturales.
No permitamos que nos cercenen nuestra libertad de expresión, de pensar creativamente y de inventar nuevas realidades que sueñen con una ciudad más inclusiva y equitativa, sin egoísmos políticos, ni mezquindades económicas. La cultura es un bien social indiscutible, por eso todo gobierno que atente contra ella, atenta contra el pueblo.
Por eso proponemos:
* No a la reducción del presupuesto en cultura.
* Pago inmediato de los salarios atrasados de todos los trabajadores de la cultura en la ciudad.
* Talleres y espectáculos gratuitos en los barrios más postergados y alejados del centro porteño.
* Reconocimiento y Financiamiento a los centros culturales independientes, no gubernamentales, populares y o sociales.
* No a los desalojos de los mismos en ciudad.

En el año 1996 se aprueba la Constitución de la Ciudad de Bs. As. que determina su autonomía y una estructura representativa que toma en cuenta las Juntas Comunales para la representación de los vecinos. Desde entonces, los distintos gobiernos de la Ciudad han ignorado esta normativa arrastrando durante años una deuda política con los ciudadanos porteños que no tienen intermediación alguna con el Jefe de gobierno. En consecuencia con sus políticas antidemocráticas, la voluntad política del actual Gobierno de la Ciudad ha sido no cumplir con la Ley de Comunas para no ceder poder político. Gracias a la presión de vecinos y organizaciones la Legislatura se vio obligada, por intermediación judicial, a determinar el día 20/10/09 una fecha precisa de elecciones comunales. En este marco, exigimos:
§ Cumplimiento de la Ley 1777
§ Elecciones de Comunas para el año 2010.
§ Se incluya en el Presupuesto 2010 los recursos necesarios para el desarrollo de las elecciones y para el funcionamiento de las Comunas, tal como lo prevé la Ley 1777.

El accionar represivo de la UCEP, las declaraciones del Ministro Montenegro respecto de que la policía porteña va a “hacer cesar la infracción, como corresponde, liberando la vía que está ocupada”, y la designación frustrada del Fino Palacios, nos advierten sobre la dirección y el modo de accionar que tendrá la Policía Metropolitana. Por eso denunciamos:
§ NO a esta Policía Metropolitana creada para reprimir la protesta social y criminalizar la pobreza. Más represión no significa más seguridad, sino más violencia.
§ Desprocesamiento inmediato de todos los compañeros procesados por manifestar sus legítimos reclamos.

Es indispensable la unión y la organización para poner fin a estas políticas discriminatorias y expulsivas de los sectores populares de la Ciudad. Continuemos esta lucha juntos por una Ciudad más justa e igualitaria.

Espacio Multisectorial por una Ciudad para TODOS Mutual Sentimiento, MVT Movimiento Vivienda y Trabajo, Asociación de Familiares de Victimas de las Drogas, Frentes de Hoteles , Villas Unidas, Asamblea Popular de Pompeya, Movimiento Humanista, Corriente Política 17 de Agosto, Movimiento Barrios de Pie, Corriente General San Martín, Vecinos de Ex AU3, Escuela de oficios del Centro Comunitario San Cayetano V. 31, Agrupación Sudestada, Red de Comunas, Partido Humanista, Causa Nacional - Proyecto Sur, Militantes Carta Abierta, Escarlata Sur- Proyecto Sur , Radio Libre FM 99.3, Galpón Mutual Sentimiento, Delegados y vecinos de las villas, 1.11.14 De Bajo Flores , Villa 31, Villa 31 Bis Retiro, Piletones y villa 3 de Villa Soldati, Villa 15, , Villa 21. 24 de Barracas e INTA Lugano, Cooperativa de vivienda Participar Abasto, Coop. de Vivienda Los Titiriteros de La Boca, Cooperativa músicos jujeños, Coop. Nuevo hogar, Coop. Génesis Jujeño, Coop. El legado, Coop. Luz y Progreso, Coop. Corralito, Asoc. Civil Argentina Puede, Legado Social, Red de Hábitat, Alianza Internacional de Habitantes, Centro Murga Los Bohemios de Lugano, Centro comunitario 7 esquinas de Mataderos, Comisión de DDHH de Barracas V. 21, (IRE) Instituto de Relaciones Ecuménicas

REGRESO A LA CAVERNA

SERGIO RAMÍREZ 30/06/2009

El golpe militar consumado contra el presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, ha representado para América Latina el regreso a la era de las cavernas, cuando era signo común que los ejércitos actuaran como árbitros finales del poder político. Los regímenes surgidos de los golpes militares fueron un mal propio de Centroamérica por décadas, lo que ganó a estos países el triste título de repúblicas bananeras, denominador común que se extendió hacia todos aquellos otros donde hubiera un ejército dispuesto a ejercer sus prerrogativas de gorilato.
Las imágenes de las calles de Tegucigalpa que vimos en la televisión, con los tanques de guerra y los carros blindados en agresivo despliegue, y las patrullas de soldados en atuendo de combate, volvieron a poner el reloj en la hora más negra de un pasado que parecía sepultado para siempre. Y un presidente levantado a la fuerza de su cama en la madrugada por un pelotón de militares encapuchados que invade su casa, subido en pijama a un avión, y llevado a otro país, son también imágenes de una vieja película que creíamos no volveríamos a ver jamás. Pero están allí, ante nuestros ojos, y corresponden a las realidades del siglo veintiuno.
Las justificaciones legales de toda la trama son torpes. He oído al diputado Roberto Micheletti, nombrado presidente de la república por el Congreso Nacional después del golpe para suceder a Zelaya, que la acción se debió a la orden de un juez, impartida a los mandos militares. Imaginen el tamaño de la artimaña. Un juez que da un mandamiento a quien no debe, porque el ejército no tiene funciones de policía más que bajo un régimen ocupación, y menos puede ordenar a los militares que saquen de su cama a un presidente debidamente electo, que goza de inmunidad, y que lo extrañen del país, desde luego que el destierro no existe ni como medida preventiva, ni como pena, bajo la ley. Sólo usar esta coartada es ya una vergüenza.
La magnitud de la agresión que ha sufrido el orden democrático en Honduras, deja atrás cualquier debate acerca de la precaria situación en que el presidente Zelaya se había puesto en los días anteriores al golpe militar. Parado en el filo de la navaja, no supo hacer una lectura sensata del balance político de fuerzas, cuando todo se acumulaba en su contra. Horas antes de ser sacado violentamente de su casa y del país, había perdido el respaldo de la Asamblea Nacional, que luego votó de manera unánime su sustitución; de su propio partido, el Partido Liberal, cuyos diputados votaron todos por la sustitución, junto con los de los otros partidos; de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Electoral, y de la Fiscalía; de buen número de los medios de comunicación con los que había entrado en una áspera pugna, de las cúpulas de empresarios, y de la jerarquía de la Iglesia Católica. Se hallaba solo, y no parecía reparar en ello.
El presidente Zelaya se olvidó, Dios sabe por qué, del terreno que estaba pisando, al insistir en llevar adelante una consulta popular, organizada por él mismo, y que debió realizarse el propio domingo de su derrocamiento, cuando los otros poderes del estado se lo habían prohibido bajo argumentos de inconstitucionalidad. Conforme esta consulta, pretendía obtener respaldo para hacer que en las elecciones generales de noviembre próximo se instalara una cuarta urna en la que los ciudadanos debían votar si quería un cambio de Constitución Política, algo que el Consejo Electoral le había ya negado, con el respaldo de la Corte Suprema de Justicia.
Siguió actuando con atolondramiento cuando ordenó al Ejército desembarcar el material electoral de la consulta, llegado desde Venezuela, y repartirlo en los centros de votación; y cuando el jefe del ejército se negó, hizo destituirlo, para que de inmediato sus adversarios en los otros poderes del estado respaldaran al destituido, previa renuncia de todo el estado mayor en solidaridad con su jefe. Para provocar una crisis de este tamaño, el presidente debió sentir que tenía alguna clase de respaldo sustancial. ¿Pero dónde estaba ese respaldo? ¿En qué instituciones? ¿En qué organizaciones populares, en qué sindicatos, en qué partidos políticos, en qué corporaciones? ¿Contaba acaso con la mayoría de la opinión pública?
Siento que el presidente Zelaya se vio en otro país que no era Honduras, y subestimó el poder de los estamentos conservadores, que miraron con antipatía y desconfianza su alineamiento con la izquierda populista que representan Chávez y Ortega, y su amistad con Fidel Castro, una legítima escogencia personal suya, de todas maneras. Es, al menos, uno de los argumentos que de manera solapada utiliza Micheletti para justificar el golpe: ha dicho que Zelaya, su correligionario liberal, cambió de ideología en el camino, y "se volvió de izquierda", lo que al fin y al cabo le cobraron con el golpe militar.
Los errores de apreciación política del presidente Zelaya, que no advirtió el terreno que estaba pisando, y sus enfrentamientos con el orden legal para promover un cambio constitucional que le permitiera la reelección, como es ahora el impulso de los líderes en el gobierno en no pocos países de América Latina, se vuelven anecdóticos. Fue depuesto de manera ilegal y brutal, y eso es lo que cuenta.
La prueba de fuego es ahora para la Organización de Estados Americanos (OEA), que debe demostrar si es capaz de hacer valer su Carta Democrática. No puede haber trasgresores del orden constitucional, ni los golpes militares pueden quedar en la impunidad.
*Sergio Ramírez es escritor y ex vicepresidente de Nicaragua. Más información en www.sergioramirez.com

TALLER SOBRE CRIMINALIZACIÓN DE ADOLESCENTES

Taller "Criminalización de adolescentes, baja de imputabilidad".
Niñez y juventud en riesgo.


Sábado 6 de junio


Nos inquieta y preocupa seriamente la situación de los niños, adolescentes y jóvenes en situación de exclusión social, expuestos a la droga, el desamparo, la falta de posibilidades, la falta de sentido para la propia vida, en medio de tanta violencia y exclusión. Esto confronta con la actitud de una parte de la sociedad, que reacciona pidiendo la criminalización, la baja de edad para la imputabilidad delante de un delito, como única solución. Que no tiene posibilidad de proponer una respuesta superadora para el verdadero y profundo problema que aqueja a tantas familias, niños/as, adolescentes y jóvenes. Y nos provoca y convoca, desde nuestra fe y nuestras convicciones, a no "pasar de largo" sin reflexionar y a asumir una posición y, tal vez, alguna forma de compromiso.

El taller para el que los estamos invitando, tiene como objetivos: ahondar el conocimiento del problema, conocer las propuestas que ofrece una parte de la sociedad organizada, y reflexionar y comprometernos en la búsqueda de propuestas superadoras.

Nos aportarán a la reflexión: Marta Arriola –ex Subsecretaria de Participación Comunitaria del Ministerio de Seguridad Bonaerense- y otras/os profesionales más. Como así también de la Cdad. Teológica Rajab.


Lugar: Confar. Callao 569. 1er. Piso.
Hora: de 15 a 18,30


Convoca: ESPACIO ECUMÉNICO

Invitación FAIE

La Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE) invita a instituciones de iglesias y organismos ecuménicos a participar de un encuentro sobre:
. Promoción e implementación del Derecho Garantizado para la Niñez en la provincia de Buenos Aires, elaborado por el Consejo Consultivo Provincial de Políticas Sociales (CCPPS) del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia.
. Propuesta del Proyecto de legislación.
Este encuentro se realizará el día 12 de junio a las 18 hs, en las instalaciones del ISEDET (Camacuá 282).
Contaremos con la presencia del Sr. Ministro Lic. Daniel Arroyo y miembros de su equipo.

Pag 12/ Los chicos son soldados de las bandas

Sociedad Domingo, 19 de Abril de 2009
EL ROL DE LOS DELINCUENTES MENORES DE EDAD EN LA ESTRUCTURA DEL CRIMEN
Los chicos son soldados de las bandas
Para entender el caso Capristo hay que saber que es imposible que un delincuente de 14 años se largue a robar por su cuenta, y menos autos. La actual estructura del delito implica bandas, desarmaderos y cobertura policial. Y en ese esquema, los menores son “soldados”, la parte más barata y descartable de todo el sistema.
Por Raúl Kollmann
“El robo de un auto, como en el caso de Valentín Alsina, tiene detrás, indefectiblemente, una cadena delictiva, una organización que, además, no puede subsistir sin arreglar con los policías”, diagnostican ante Página/12 tres fiscales del Gran Buenos Aires, uno de ellos de Lomas de Zamora, el departamento judicial en el que ocurrió el robo y asesinato de Daniel Capristo. “Un chico roba un auto ¿y qué hace? No puede andar por la calle con el vehículo, tiene una patente, va a tener una denuncia. En realidad, lo que hace es que lo entrega a su puntero, a su jefe inmediato, que ya lo tiene pedido. O bien por un desarmadero, o bien porque se lo va a empapelar para venderlo como mellizo o para hacerlo trabajar de remise trucho. Hoy en día, los autos no se pueden levantar como antes, cuando se le hacía un puente electrónico a un coche estacionado. Ahora se necesita la llave, con su codificado, y eso sólo se puede hacer a mano armada. Para eso usan a los pibes, que son el menor costo de toda la organización. Y esos pibes, por inexperiencia, temor o por el paco, disparan.”
Los fiscales consultados por este diario coinciden en que durante un turno de su fiscalía, por lo general tres días, la mayor parte de los detenidos son lo que ellos llaman rateros: jóvenes que robaron zapatillas, un celular, una cartera. “Lo habitual es que utilicen una navaja, a veces un arma, otras es de arrebato. La gente los corre, a veces los intercepta un policía y así pierden, como ellos mismos llaman a caer presos. Lo que está bastante claro es que en los últimos meses creció el robo de autos, tenemos nítidamente más casos que antes. El otro delito que se ve que ha aumentado es el ingreso a casas, o sea el asalto de personas que están por entrar a su domicilio, las encañonan y se meten, esencialmente buscando dinero en efectivo o algo valioso”, sostienen los fiscales.
Desarmaderos
“Es obvio que el Fiat Palio de Capristo iba a ir a parar a un desarmadero –señala un ex comisario con décadas en el conurbano–. Si uno se aleja un poquito del Gran Buenos Aires, va por Bragado, Luján, La Plata y muchísimos lugares del interior bonaerense, hay cada vez más desarmaderos. Lo mismo pasa en el interior del país.”
–¿Por qué reviven ahora?–Pregunta Página/12.
–La gran ofensiva contra los desarmaderos se produjo en 2003, en época en que el ministro de Seguridad era Juan Pablo Cafiero –contesta un ex funcionario de Seguridad–. En aquel momento, el índice de homicidios trepó en forma explosiva, al punto que en un solo año mataron a cien policías, la gran mayoría en el marco de un intento de robarles el auto. En la página oficial del Ministerio de Seguridad se pueden ver los nombres de 47 policías bonaerenses muertos ese año. Una cifra muy similar es la de policías federales muertos en 2003, también porque les quisieron robar el auto. Así que, le reitero, son más de cien.
“En aquel momento, todavía estábamos en el marco de la crisis y muchísimas personas buscaban repuestos para sus autos. Como recordará, hubo una devaluación muy fuerte y a raíz de la desindustrialización de los noventa, la mayoría de los autos eran importados. Comprar un repuesto original, al nuevo valor del dólar, tenía un costo exorbitante. Eso llevó a una intensa actividad de los desarmaderos y, por lo tanto, a un aumento increíble del robo de autos y, por supuesto, a las muertes”, concluyó el ex funcionario. Este diario conversó también con un hombre que revista en el rubro mecánico. “Mire, es elemental, una caja de cambios completa de una camioneta Toyota puede valer 15.000 pesos comprada oficialmente o 4000 en el mercado negro. El capot de una camioneta F-100 cuesta 2000 pesos en el proveedor oficial y todavía hay que agregarle la pintura y la colocación. En un desarmadero se consigue hasta el color y vale 500. Se ven menos desarmaderos en el Gran Buenos Aires, pero basta andar unos kilómetros que se encuentran un montón. Y, por supuesto, la crisis juega. La gente tiene menos plata y recurre a esto.”
Pibes
Uno de los fiscales relata el contenido de una investigación realizada sobre una banda dedicada a proveer a los desarmaderos. En las escuchas telefónicas se perciben cuatro niveles: el desarmadero le pide el auto que necesita a una especie de capitalista, éste a un puntero (así le llaman a un hombre que tiene entre 30 y 40 años) y el puntero a pibes dispuestos a todo por 350 pesos, que es lo que se les paga a los levantadores.
“Está claro que el menor que mató a Capristo no era parte de una superbanda. No iba a robar el auto para asaltar un banco. El Palio era para desarmar o para hacer un poncho, que es utilizar el vehículo robado con papeles, legales, de otro Palio, que tal vez fue chocado o se incendió. También es posible que el auto se lo iba a usar como remise en las miles de remiserías que hay en el Gran Buenos Aires y que en una proporción importante se manejan con autos doblados”, diagnostica el ex funcionario de Seguridad.
A raíz del sistema de chips y codificación que hoy tienen las llaves de los autos, la única manera de llevárselos es a mano armada. Usualmente, el método consiste en meterlo en la playa de estacionamiento de un supermercado o shopping para ver si tiene bicho, o sea el aparatito de rastreo satelital. El vehículo queda allí hasta que los delincuentes se convencen de que la empresa recuperadora no lo vendrá a buscar. De ahí va directo al desarmadero.
Al ser la parte más barata de la cadena, los pibes que roban autos son, por lo general, adictos al paco, un residuo de la producción de cocaína mezclado con distintas cosas: a veces anfetaminas, analgésicos, químicos. “En estado de adicción, pueden hacer cualquier cosa –señala otro de los fiscales–. Cualquier movimiento lo interpretan como que los van a atacar y disparan. Son de una violencia y crueldad asombrosas. Y como ocurrió en Valentín Alsina, al primer problema los cómplices los dejan solos.” Como anticipó Página/12 en la vereda de la calle Florida, de Valentín Alsina, se encontró un revolver calibre 38. Capristo tiene varias armas registradas a su nombre en el Renar, entre ellas un revolver calibre 38. Lo más probable es que haya salido a la puerta con el arma, el menor lo vio y le disparó.
“Hay otro dato que demuestra lo siniestro del uso de los pibes en general –redondea el fiscal de Lomas de Zamora–. Si al pibe lo detienen, es raro que aparezca alguien para darle una mano. Al puntero, el pibe no le interesa nada. Perdió y punto. Jamás le manda un abogado para que lo defienda. El pibe es descartable.”
Todos los especialistas que fueron consultados por este diario están de acuerdo en que la trama del robo de autos y los desarmaderos no podrían existir sin un acuerdo con cómplices que visten uniforme policial. Está cantado que un desarmadero no pasa inadvertido y es obvio que le paga un peaje al jefe de calle y por esa vía al comisario de la zona. “Cuando vas a allanar un desarmadero, no es fácil probar que tal autoparte es robada –cuenta un fiscal–. Te muestran papeles de partes que compraron de tal auto destruido, chocado o incendiado, pero a uno le queda la certeza de que con los papeles de un auto venden 50 puertas y capots que, por supuesto, no tienen numeración. No hay ninguna duda que existe complicidad policial, porque allí entran autopartes todo el tiempo y está claro que nadie los controla. Sin desarmadero, sin una estructura delictiva de envergadura, no hay robo de autos. Sólo podrían ser casos muy aislados de vehículos caros para llevar, por ejemplo, a Paraguay, pero no los casos del estilo de Valentín Alsina.”
–¿Hay acuerdo también entre policías y ladroness como el menor que mató a Capristo?
–Puede haber acuerdos con el puntero, pero le insisto que los pibes son descartables. Es muy extraño que alguien de uniforme se junte con ellos. El puntero, en cambio, suele tener mucha relación y cuando alguno de sus secuaces perpetra un robo, no es extraño que en la comisaría disuadan a un eventual denunciante. Le dicen “mire, no le conviene hacer la denuncia, es muy complicado, encima lo pueden amenazar”. El arreglo más habitual con los policías se hace cuando alguno cae preso. “Que ponga tanto y se va”, es la consigna. Pero en el caso de los chicos, muchas veces ni siquiera hay quien ponga unos pesos.
Las otras modalidades, siempre elementales, en las que incursionan bandas con fuerte presencia de menores son el robo en casas y el asalto a personas de mucha edad. Esas bandas las manejan delincuentes con algo más de experiencia y que se conocen con los policías de la comisaría de la zona. Por lo general, los de uniforme los tienen localizados y les dicen: “lo de aquella casa lo hicieron ustedes. Pongan tanto o los volteamos (detenemos)”.
Por supuesto que los policías realizan detenciones en forma habitual. Lo hacen cuando alguna banda se pasa de la raya, el hecho tiene repercusión o simplemente para marcar la cancha y avisarle a los demás grupitos que los pueden voltear. Cuando la detención se produce sobre la base de algún robo en el que no hubo demasiado ruido, es decir cuando no se produce una muerte o no tiene repercusión, el menor aprehendido es derivado a un instituto, no de máxima seguridad. Este diario ya publicó reiteradamente que a los adolescentes más conflictivos “los mandan a cortar el paso”, es decir les dan una tarea en el jardín y esperan que se fuguen. Cuando el hecho que produce el menor es grave, lo derivan a un instituto de máxima seguridad y allí está hasta que el juez tome alguna decisión. En este terreno la opinión de jueces y fiscales es unánime: la estructura de institutos no mejora a ningún menor, no hay cupos, es ineficiente y existen enormes bolsones de corrupción y explotación de los menores.
El mundo del delito se rige por la oferta, la demanda y por el factor rentabilidad-riesgo. Por ejemplo, es muy poco habitual hoy en día que se produzca el robo de un banco o de un blindado. En el caso de los bancos, por disposición del Banco Central hay muy poco dinero en las cajas y mayores medidas de seguridad como el retardo, en la apertura del tesoro. En promedio, en un golpe a un banco hoy se podrían robar 40.000 o 50.000 pesos y eso con una banda muy grande, muy armada, dispuesta a un enfrentamiento. Es mucho riesgo y mucha gente para un botín chico. Por supuesto, hay hechos excepcionales como el robo al Banco Río de Acassuso, cuando la banda huyó con un gomón por los caños mayores.
Lo mismo que con los bancos sucede con los blindados. Hoy tienen medidas de seguridad de máximo nivel y también se requieren bandas grandes y muy armadas. Por eso los casos de robos de blindados son aislados.
–¿Qué hacen ahora los delincuentes de 30 o 40 años?–preguntó Página/12 al ex funcionario de Seguridad y a uno de los fiscales.
–El rubro delictivo en el que se ven actuando personas de mayor edad, es decir delincuentes entre 30 y 40 años, es la piratería del asfalto, o sea el robo de camiones –explica el fiscal de Lomas de Zamora–. Requiere de una organización importante porque, obviamente, la mercadería tiene que estar colocada de antemano. El camión se roba a mano armada, al chofer se lo mantiene secuestrado para que no haga la denuncia, se descarga la mercadería en un depósito y recién ahí se libera al chofer. El camión es recuperado por el sistema de rastreo satelital, pero la mercadería ya se bajó, se subió a otro camión y se le entregó a quien ya la encargó.
Semejante estructura tampoco es posible sin complicidad policial, entre otras cosas porque se usan depósitos de envergadura. Camiones muy codiciados son, por ejemplo, los de cigarrillos.
Según cuenta el ex funcionario de Seguridad, también los delincuentes de mayor edad se concentran en lo que se conoce como robos entregados. La modalidad es muy conocida: existe un cómplice dentro de una empresa que da detalles sobre movimientos de dinero de una empresa y el golpe se da exactamente de acuerdo a los datos que proporciona el entregador. “En esos hechos nos encontramos con bandas bien organizadas, que se comunican con Nextel y que resultan difíciles de interceptar. Los botines son importantes y el riesgo muy menor. Siempre existe la sospecha de que esos veteranos ladrones se conocen desde hace años con los jefes policiales”, completa el fiscal.
Más allá de las distintas modalidades, hay un elemento en el que coinciden todos los especialistas consultados por este diario: ningún chico de 14 años puede robar un auto, como en Valentín Alsina, sin una estructura detrás. Está claro que hay un desarmadero que pidió el vehículo y una red policial de protección. Es posible que los investigadores judiciales y policiales detengan a quienes fueron con el menor desde la villa Zabaleta hasta Valentín Alsina, aparentemente en un Duna blanco. Tienen al menor detenido y no les costará mucho saber quiénes eran sus compinches. Pero nadie determinará para quién iba a ir el Palio de Capristo y con qué protección cuenta el que lo pidió. El menor es de descarte, la estructura de desarmaderos parece que no.
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No al Cierre de Puerto Pibes

PARA DIFUNDIR:

Desde hace más de 20 años, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con un lugar de excelencia para la atención recreativa de niños y jóvenes de bajos recursos de la Ciudad y el resto del país: Puerto Pibes, un gran predio ubicado en la Costanera Norte. Por allí pasaban 30.000 pibes por año, realizando salidas recreativas, campamentos, convivencias, talleres, capacitaciones y viajes de intercambio. El predio es compartido además con una escuela primaria estatal, que recibe principalmente a niños y niñas de la Villa 31 de Retiro, ubicada a pocos minutos de viaje de allí.

Ahora, el Gobierno de Mauricio Macri y Gabriela Michetti pretende cerrarlo e instalar allí la Policía Metropolitana, con argumentos pueriles.

No hay imagen más simbólicamente perversa que ésa: trocar niños carenciados por policías. Para las miles de familias de bajos recursos que han gozado de los beneficios de Puerto Pibes el mensaje represivo es claro. Y suma un componente de discriminación: “la Costanera Norte no es para ustedes”.

No se sostienen los argumentos de la Ministra de Desarrollo Social María Eugenia Vidal cuando promete a cambio de las instalaciones de calidad de Puerto Pibes construir otro lugar en la zona sur de la Ciudad, por ejemplo en Parque Roca. ¿Para todo falta presupuesto y ahora pretende abandonar instalaciones de calidad para construir otras? ¿Será con la misma velocidad que avanza el subte? ¿Y por qué no le habilitan un nuevo lugar a la policía, en vez de sacárselo a los pibes?

No se sostienen los argumentos del Ministro de Seguridad Guillermo Montenegro cuando promete no tocar la escuela separando a sus alumnos de la policía con un muro al mejor “estilo San Isidro”, y justifica la expropiación de Puerto Pibes por su ubicación geográfica nodal, que permitiría el rápido desplazamiento de las fuerzas de seguridad allí instaladas. Pero mucho más fácil y menos dañino socialmente sería finalizar la concesión del Driving de Golf y del restaurant Clo-Clo, que funcionan al lado de Puerto Pibes ocupando una superficie similar, e instalar allí a la Policía, sin perjudicar las actividades destinada a la niñez carenciada.

Por todo ello, los técnicos, profesionales y operadores de la Dirección General de Niñez y Adolescencia del GCBA:

Expresamos nuestra preocupación y rechazo a la decisión de cerrar o trasladar el complejo Puerto Pibes y destinar sus instalaciones para el uso de la Policía Metropolitana.

Defendemos Puerto Pibes porque:

§ Este lugar es patrimonio de los chicos y chicas y hay un marco jurídico que obliga a usar el predio para ese destino.

§ Porque este lugar en sus 19 años de trayectoria se ha constituido en un espacio de referencia para niños/as y adolescentes de la Ciudad y ha albergado chicos de todo el país.

§ Porque es un espacio público e institucional para construir lazo social y promover la efectivización de derechos desde un lugar de juego y de disfrute.

§ Porque su ubicación es estratégica para realizar experiencias convivenciales que promueven procesos de apropiación de toda la Ciudad por parte de niños/as y adolescentes.

§ Porque no queremos una institución policial que nazca del robo y la apropiación del patrimonio público de los pibes.

§ Porque Puerto Pibes nació como un lugar para la alegría, el juego, el intercambio y la apertura de nuevos horizontes… y por que todos sabemos que no es lo mismo cualquier lugar.

Invitamos y convocamos a participar del

FESTIVAL PÚBLICO en Defensa de PUERTO PIBES como DERECHO DE LOS CHICOS Y CHICAS
el miércoles 22/04 a las 10.00 hs
en la puerta del predio (Lugones y Cantilo)
A las 12 se celebrará una Conferencia de Prensa
Técnicos, profesionales y operadores de la Niñez y Adolescencia; Organismos de DDHH; APDH; Junta Interna de la Dirección General de Niñez y Adolescencia ATE; Junta Interna del Consejo de los Derechos de niños, niñas y adolescentes ATE; Junta Interna de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia ATE; CTA Capital; Foro por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de CABA; Legisladora Liliana Parada; Prof. María Elena Naddeo; Asoc.Civil Amanecer; Asoc.Civil La Casona de los Barriletes; Asoc.Civil Proyecto Bajo Flores; UTE; Además; siguen las firmas y se reciben adhesiones: noalcierredepuertopibes@yahoo.com.ar

24 de Marzo - Declaración

24 DE MARZO
A 33 AÑOS DE LA INSTALACIÓN DEL TERRORISMO DE ESTADO EN LA ARGENTINA.

LOS DERECHOS HUMANOS AYER Y HOY

El próximo año 2010 se cumplirá el Bicentenario de la Revolución de Mayo y el país debe hacer un balance del caminar en el tiempo y el país que tenemos. Es necesario analizar y comprender sus luces y sombras. ¿Cómo fue y es hoy la defensa de los derechos humanos en nuestra historia y muy en particular durante el terrorismo de Estado que reinara de 1976 a 1983, que en los 33 años transcurridos de ese genocidio, marca gran parte de la vida del pueblo argentino aun en el presente. Es necesario hacer memoria y trabajar para alcanzar la Verdad y Justicia y reclamar a las autoridades políticas y jurídicas el juicio y castigo a los responsables de crímenes de lesa humanidad.

Y si bien se han dado pasos importantes como la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y se iniciaron algunos juicios a los represores, falta un largo camino a recorrer para superar la impunidad jurídica; ya que se producen demoras injustificadas en los juicios, al mismo tiempo que se produce la dispersión de las causas, que no solo demoran el juicio y el castigo, sino que dificultan la visualización de lo que realmente ocurrió: un genocidio al servicio de un modelo de país injusto que aún hoy sufrimos.
Reclamamos al Poder Ejecutivo, al Parlamento y al Poder Judicial, la voluntad política para agilizar los juicios y la necesidad de la unificación de causas por región. Es un imperativo que reclamamos ayer y hoy a los poderes del Estado.

Las consecuencias del terrorismo de Estado continúan hoy y condicionan la vida del pueblo haciendo sentir a gran parte de la población que la situación actual, con desocupación, marginación, violencia urbana y todas las injusticias que se sufren son una continuidad de esa violación de los derechos fundamentales. Nos vemos convocados a alertar sobre el cambio de tendencia que se vive en todo el mundo: el capitalismo mundial, globalizado y financiarizado, mafioso y super concentrado, ha comenzado una crisis integral, inédita, cuyas consecuencias se pretende que la paguen los pobres del mundo, incluidos los trabajadores y sectores populares de la Argentina. Las medidas económicas que en estos años facilitaron la recuperación macroeconómica, manteniendo la matriz distributiva regresiva e injusta, no tienen futuro. La crisis exige medidas contundentes de integración latinoamericana, con autonomía del imperialismo y de los grupos económicos y enérgicas medidas de distribución de la riqueza: aumento de salario, jubilaciones, pensiones y subsidios; generación de empleo, reforma impositiva progresiva; recuperación de todo lo que nos quitaron en los años duros del terrorismo de estado y el neoliberalismo.

Esto es lo que vemos:

· El gobierno se niega sistemáticamente a investigar y realizar una Auditoria sobre la DEUDA EXTERNA para determinar la deuda legítima de la ilegítima; deuda que se paga con el hambre del pueblo.

· El hambre es un crimen, como lo señala el Movimiento de Los Chicos del Pueblo, ya que más de 25 niños se mueren de hambre por día en el país. (Inf. UNICEF).

· Existe un aumento de la mortalidad por desnutrición y enfermedades evitables de comunidades indígenas, que sufren la destrucción de los bosques naturales, dañando a la biodiversidad. Esto es provocado por los desmontes que perpetran empresas sojeras y papeleras, como así también el uso indiscriminado de agroquímicos, que generan enfermedades y daños irreversibles a la población.

· La industria de la gran minería provoca la destrucción del medio ambiente, de los cultivos y bosques, del mismo modo que usa el agua de manera indiscriminada, y además la contamina con cianuro y mercurio.
· Un país que no tiene control sobre sus recursos naturales y bienes, es un país sin soberanía. La Argentina perdió su soberanía y el gobierno nacional, como los gobiernos provinciales, continúan vendiendo el territorio nacional a empresas extranjeras, expulsando a las comunidades indígenas y campesinos de sus tierras, violando de esa forma los derechos humanos de las personas y los pueblos.

Proponemos que:

· Se establezcan políticas de protección de los derechos de los niños, dándoles una esperanza real para la vida. rechazamos la penalización y baja de edad de imputabilidad, ya que significa la criminalización y masacre de la niñez pobre de nuestro pueblo.

· Se recuperen urgentemente los bienes del pueblo y los recursos estratégicos, actualmente en manos de empresas transnacionales. Esos bienes hacen al desarrollo del país, ya que permiten la redistribución de las riquezas y se podría superar el hambre, el desempleo y generar fuentes de trabajo.

· Se re-nacionalicen el petróleo, el gas, los ferrocarriles y que se protejan los recursos naturales, que hoy son saqueados por la vorágine mercantilista de los grandes intereses económicos, dejando sólo pobreza, hambre y marginalidad.

· Es necesario sancionar en forma perentoria la nueva ley de Radiodifusión, ya que es inconcebible que continúe la ley de la dictadura militar y no se establezca una norma que garantice la libertad de prensa: hoy seriamente debilitada y amordazada por las grandes corporaciones que concentran los medios de comunicación y de los cuales el gobierno es cómplice.

Los derechos humanos deben ser integrales en la construcción democrática, el ayer y el hoy son instancias que deben fortalecer la resistencia y los valores del pueblo y la forma de alcanzar esos objetivos es: decir y luchar para:

· GENERAR UN NUEVO SISTEMA DE RELACIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y CULTURALES PARA NUESTRO PAIS, NUESTRO CONTINENTE Y LA HUMANIDAD TODA.
· QUE NO HAYA MÁS IMPUNIDAD DEL AYER Y EL HOY .
· LOS 30 MIL DESAPARECIDOS…. PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE.
· SEGUIMOS RECLAMANDO LA APARICION CON VIDA DE JORGE JULIO LOPEZ


Buenos Aires, 24 de Marzo del 2009

Asociación Ex Detenidos Desaparecidos.

Nora Cortiñas

Mirta Acuña de Baravalle

Adolfo Pérez Esquivel.

Servicio Paz y Justicia

Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

HERMANOS.

Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.

Comisión de Derechos Humanos de Uruguayos en Argentina.

Diálogo 2000

DECLARACIÓN FAIE SOBRE PENA DE MUERTE

DECLARACIÓN SOCIAL DE LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE IGLESIAS EVANGÉLICAS SOBRE LA PENA DE MUERTE.
“Ustedes han oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo: Amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores; así serán hijos e hijas del Padre que está en el cielo, porque él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen?” Evangelio según san Mateo 5, 43-46ª
Con una profunda preocupación pastoral, los miembros de la Junta Directiva de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas queremos aportar nuestra voz, reflexión y compromiso al debate que se ha instalado en nuestra sociedad con relación al tema de la pena de muerte. Reconocemos el derecho de toda persona y grupo a vivir en seguridad y gozar de la vida sin temores ni amenazas y estamos convencidos que la inseguridad exige una respuesta que supere soluciones simples y considere la complejidad del tema. Indudablemente la falta de acceso a una vida digna, fuentes de educación y trabajo, también es violencia e inseguridad.
Compartimos con todas y todos ustedes algunas razones que nos llevan a oponernos profundamente a la introducción de la pena de muerte en nuestro sistema de justicia y de convivencia.
· La pena de muerte es incompatible con el Espíritu de Jesús de Nazaret, tal como lo encontramos en los Evangelios y con nuestro compromiso con la paz, la vida y la ética del amor que busca la justicia. Dignidad de las personas, seguridad y justicia no son incompatibles. Nuestra voz siempre reclamara justicia y jamás venganza. El amor evangélico supera el criterio de ojo por ojo y diente por diente y rechazamos la reparación del daño y la violencia con más daño y más violencia. La ética del amor nos lleva siempre a renovar nuestra esperanza y convicción que la redención y la rehabilitación son posibles.
· Tenemos la certeza que la pena de muerte no es una acertada respuesta a la inseguridad, porque no estamos solamente frente a un problema policial, sino que estamos frente a un problema profundamente social que exige respuestas sociales de diversa índole. La propuesta de la pena capital asume el argumento que los criminales realizarían una operación racional sobre el costo-beneficio antes de cometer una acto de violencia. Esa actitud es invisibilizar y desconocer que muchos de los crímenes se ejecutan bajo fuertes pasiones y la influencia de drogas y el alcohol.
· La pena de muerte es siempre producto de inequidades. Las estadísticas y la experiencia que surge de aquellos países que aún la aplican muestran que en definitiva son los pobres, los excluidos y los marginados los que mayormente sufren estas condenas.
· La pena de muerte es un método abierto a errores irremediables. Teniendo en cuenta la situación de la justicia en nuestro país tememos mucho sobre la equidad y transparencia en la aplicación de esta condena.
· La pena de muerte ignora las responsabilidades sociales y comunitarias que subyacen a muchas situaciones de inseguridad y cierra la posibilidad de un debate franco y honesto. Indudablemente reconocemos la responsabilidad individual pero ese reconocimiento no disminuye la responsabilidad gubernamental y social y de todas las comunidades de fe, de enfrentar los factores profundos sobre los que debemos actuar para cambiar comportamientos y realidades.
· La pena de muerte perpetua el concepto de venganza enmascarado en el ropaje de reparación y justicia. Nos oponemos a que el estado se transforme en un instrumento de venganzas personales.
· La pena de muerte ignora totalmente el concepto de rehabilitación. Como cristianos y cristianas comprometidos con nuestros fundamentos de fe, siempre tenemos esperanza en la redención y en la conversión de toda persona. Todo método que cierre esta posibilidad al arrepentimiento no puede ser parte de nuestras propuestas que buscan seguridad con justicia, arrepentimiento y perdón.
Buenos Aires, 11 de marzo 2009.

En nombre de la Junta Directiva de la FAIE


Ana De Medio Nicolás Rosenthal
Vice Presidenta Presidente

CARTA A LA MADRE DE EMMANUEL

IGLESIA EVANGELICA METODISTA ARGENTINA
Pastora Nelly Ritchie
Obispo



Buenos Aires, 26 de febrero de 2009

A la madre de Emmanuel y a tantas madres luchadoras por la vida

Querida Isabel:

La injusticia sigue golpeando y destruyendo nuestras familias y nuestro país. Sus garras se apoderan de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de mujeres y varones. Sus garras se llaman: pobreza, droga, falta de oportunidades, exclusión y violencia.

En medio de esta lucha desigual, se levantan voces que reclaman, se unen manos solidarias que alimentan, acarician, reciben, rescatan. Se articulan esfuerzos comunitarios que defienden la vida, que muestran otro camino, que desafían con sus sueños hechos trabajo.

Emmanuel, su hijo, recorrió ese camino. El es mucho más que una víctima de este perverso sistema, es una señal de la resistencia desde el compromiso con los otros. Es un signo de que ¡es posible no sólo hacer un camino de vuelta…sino abrirse a nuevos caminos! aunque en esto se nos vaya la vida.

Quienes creemos en Jesús como el “Emmanuel”: Dios con nosotros, sabemos que Dios nunca nos abandona. Quienes creemos en Jesús como el que “puso la vida por sus amigos” le reconocemos como vencedor de la muerte. Y por eso nos unimos a quienes sueñan y trabajan por un mundo mejor, por ello deseamos seguir apoyando con palabras, presencia y acciones para construir juntos una vida digna para todos y todas.

Admiramos su fortaleza y le abrazamos con amor a usted y todos quienes en medio del dolor siguen levantando sus voces



Pastora Nelly Ritchie
Obispo